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Por: Iris Velázquez. 

Sus padres decidieron exigir sus derechos y activistas esperan que esta semana la Corte siente un precedente que obligue a las autoridades estatales y federales a realizar adecuaciones necesarias para que garanticen la educación inclusiva. Este caso fue tomado por la organización Mexicanos Primero y el Despacho Aguinaco Abogados, en 2017.

Sandra Creixell, abogada de la primera asociación civil, calificó como lamentable esta situación, pues dijo, en ese entonces con 7 años de vida, Citlali, no podía acceder al plantel educativo de su comunidad, ubicada en un entorno rural. Solamente, acotó, fue aceptada como oyente.

La niña tuvo que sufrir diversos casos de discriminación por parte de padres de familia y estudiantes de aquella primaria. "Esta familia incluso sintió o resintió rechazos de parte de la comunidad. No sólo era que en la escuela no tenía cómo atenderla, sino que los papás y las mamás no querían que sus hijos estuvieran con alguien como ella", relató.

El 9 de mayo de 2017 se presentó la demanda de amparo indirecto, y fue hasta el 31 de mayo de 2018 cuando se dictó la sentencia de primera instancia, que concedió este recurso. Con ello, se obligó a las autoridades educativas del Estado de México a que registraran como alumna a Citlali para el ciclo escolar 2017-2018. Así, ella logró entrar a tercer grado de primaria, sin embargo, contó la abogada, la lucha va más allá. Creixell refirió que se busca que en esta escuela de cerca de 100 alumanos, la niña tenga todas las condiciones necesarias para garantizar su derecho a la educación de forma incluyente.

Es decir, enlistó, materiales, libros, maestros capacitados en tratar a niños con Síndrome de Down, capacitación que docentes del plantel y sensibilización de comunidades. Mexicanos Primero pide que se realicen diagnósticos o censos para identificar a la población escolar en esta condición, para así dotarlos de lo indispensable para su aprendizaje.

El 12 de abril de 2019 el caso de Citlali llegó a la SCJN y se radicó en la Segunda Sala, mediante una ponencia del Ministro José Fernando Franco González. Será el próximo 16 de octubre, cuando se prevé que se resuelva el asunto por la Segunda Sala de la Corte. Confían en fallo favorable